SOBRE MI CORONEL LUIS TAPIA AGUIRREBENGOA.

De cuyo ascenso a los luceros se cumple el aniversario y al que quiero, como siempre, rendir mi homenaje de admiración y recuerdo.

De quién fue y cómo era mi camarada Luis ya he ido dando cuenta en este diario, y quien guste no tiene mas que buscar en comentarios anteriores. Fue Luis un legionario y un falangista de los pies a la cabeza; un señor como aquellos hidalgos que hicieron España. 

Cuando Carlos I -el mejor Rey que hemos tenido en España y probablemente en el mundo- quiso establecer una especie de pequeña nobleza, para recompensar con la hidalguía a los más esforzados y valientes de los soldados de sus Tercios, le respondieron que era imposible. Quiso el buen Rey saber por qué no podía él, que podía hacer duques y marqueses, hacer hidalgos. Porque en España -le dijeron- los hidalgos sólo los hacen Dios y el tiempo.

Dios, poniendo la ocasión; y el tiempo, demostrando que el heroísmo, la gallardía y la honradez no fueron flor de un día.

Mi camarada Luis Tapia Aguirrebengoa cumplió sobradamente los requisitos para obtener lo que sólo Dios y el tiempo dan en España; lo que no estaba siquiera al alcance del Rey Carlos I: la hidalguía. Fue Luis un hidalgo, y un capitán de los Tercios, y un falangista de principio a fin. 

Y para mejor recordarlo, en esta época de fantoches, de marionetas, de sinvergüenzas, quiero traer un artículo que escribió para el número 11 de EJE -abril de 1990-, en el que explica lo que era nuestro ideario, tan válido entonces como hoy.

EL ESTADO NACIONAL

LUIS TAPIA AGUIRREBENGOA

EJE Nº 11 - ABRIL 1990

Nuestra oferta al pueblo español es un proyecto de orientación nacional, libre de compromisos con el pasado, al que nos sentimos ligados en nuestros orígenes, pero que ya es historia; sin añoranzas ni trabas que nos aten y no nos dejen avanzar hacia el futuro prometedor que aguarda a nuestro joven movimiento. Con esta idea, conscientes de que hay que adaptarse al entorno que nos rodea para subsistir y crecer, salimos renovados del Congreso del 11-12 de noviembre de 1.989, dispuestos a incorporarnos al actual sistema democrático, sin concesiones, pero convencidos de que es un absurdo pretender derribarlo, por ser el que rige en todo Occidente, consecuencia del resultado de la segunda guerra mundial; acatando la norma política que regula la Constitución, pero oponiéndonos a sus defectos, que haremos lo posible por suprimir, en especial cuanto se refiere a las nacionalidades que consideramos perniciosas para nuestra Patria.

Nuestra oferta es un Estado Nacional, unitario, social y representativo. Un Estado de Derecho, moderno, adaptado a los tiempos que vivimos, respetuoso con la persona, cualquiera que sea su credo y su color, defensor de la justicia y de la libertad, protector de la cultura y creador de bienestar y prosperidad para todos los españoles.

Un Estado unitario, en cuanto no damos cabida a los nacionalismos disgregadores, pero no centralista a la francesa, pues consideramos favorable, para la buena marcha de nuestra sociedad, una descentralización administrativa que ofrezca las mismas oportunidades a todas las gentes y a todos los pueblos de España, sin necesidad de residir o desplazarse a la capital de la nación. En este sentido, aspiramos a la potenciación de las regiones históricas, sin traspasos de soberanía que reside únicamente en el Estado español.

Un Estado social, en el que todos los españoles disfruten de una equitativa participación en los bienes que el trabajo genera, en proporción a la laboriosidad de cada uno en sus distintas escalas profesionales y sociales, cuya existencia reconocemos, y en las que se avance por meritos propios, no por privilegios de clase ni de influencia. Una amplia, justa y equitativa seguridad social que cubra a los ciudadanos de toda clase de riesgos y situaciones, ya sean de enfermedad, edad, siniestro o fortuna. En este Estado social que propugnamos, cada hombre y cada mujer estará respaldado por las leyes, sin sometimientos a grupos o partidos que atenten contra su libertad esencial, de modo que se sienta protagonista de su propia existencia y del desarrollo y del progreso de la nación a la que ha tenido la suerte de pertenecer.

Un Estado representativo, en el sentido de una representatividad orgánica y directa de todos los ciudadanos, iguales ante la ley, que garantice una participación efectiva de las personas y de los estamentos en las actividades políticas de la sociedad. Así, nos declaramos partidarios de una democracia directa y participativa, basada en la igualdad de oportunidades, que permita al ciudadano, a través de las unidades orgánicas de la sociedad y mediante unos representantes, que elegirá libremente sin intermediarios mixtificadores, intervenir en las decisiones y en la selección de los mejores para que se hagan cargo de los puestos de responsabilidad del Estado, alejando de ellos a los parásitos, picaros, tránsfugas y oportunistas. Aspiramos, en fin, a representarnos, no a que nos representen y manejen las internacionales políticas, que hoy, desgraciadamente, dirigen nuestros actos, dictan nuestras relaciones con el exterior y dilapidan nuestros caudales.

Nuestro protagonismo representativo exige, para ser totalmente efectivo, que el poder Ejecutivo, incluida la Jefatura del Estado, y el poder Legislativo, que gobiernan y hacen las leyes, sean elegidos por los ciudadanos, de modo que quienes los detenten lo hagan como un deber, no como un privilegio.

Un Estado de Derecho, mediante la separación de los tres Poderes, Ejecutivo (la Jefatura del Estado y el Gobierno de la Nación), Legislativo (Las Cortes Españolas) y el Judicial (los órganos encargados de administrar la Justicia), sin intromisiones de uno de ellos en la actuación de otros. Cada uno en su sitio. La Jefatura del Estado, gobernando, con su Consejo de Ministros; este dejando a las Cortes legislar; las Cortes supervisando las acciones del gobierno, y la Justicia, sometida únicamente a los imperativos de la Ley, independiente de la Política, que no debe influir en su alta función, ni mediante la designación de cargos, que han de asignarse a los juristas mas cualificados; no en función de la representación política de los partidos, ni con presiones. Lo contrario no es democracia. En este contexto, las Cortes Españolas legislaran lo conveniente para que la participación del pueblo en la vida política de la Nación sea real, únicas para toda España, pues no entendemos, como ahora, que haya múltiples órganos legislativos, elaborando leyes y normas, muchas veces contrapuestas. Las Cortes han de ser cámara de resonancia en las que se discutan y acuerden los distintos pareceres y criterios de forma ordenada y efectiva, mirando al bien común de los españoles, no a intereses de grupos.

Ampliando las ideas anteriores, no rechazamos la representación inorgánica, ni los partidos políticos, a cuyo juego nos sumamos, con excepción de los que llevan en su ideario el germen de la rotura de la Patria; pero estimamos que debe ser complementada con la representación orgánica, que no valora el pueblo como masa sino como un conjunto de personas capaces de hacer oír su voz por un escalonamiento ordenado del cuerpo social y de sus estamentos. Respecto a la representación inorgánica, que aceptamos, deberá ejercerse mediante listas abiertas y la adopción del sistema proporcional simple, que sustituya la injusta regla d'Hont, que ha demostrado su inoperancia en catorce años de democracia.

La rica pluralidad de nuestro pueblo, en grupos, diversidades culturales y categorías sociales, beneficiosa si es utilizada rectamente, no debe ser sacrificada en aras de un trasnochado igualitarismo de clase, que manejan a su antojo algunos partidos y centrales sindicales, fabricando una falsa mayoría, que no puede ser sólo obra del voto sino de la calidad de las aportaciones efectivas de cada individuo, y que únicamente puede conseguirse por la representación orgánica, que deseamos como refuerzo del sufragio inorgánico.

Respecto a los partidos políticos, creemos que deben dejar de ser feudo de quienes, hueros de ideas y principios, solamente los usan para el medro personal, estafando al ciudadano que, con toda su buena voluntad, les concede un escaño que, una vez sentados en el, utilizan como propio, pasándose, cuando les place, al bando defensor de unas ideas diferentes a las de quienes les dieron el voto, con absoluto desprecio  de la voluntad popular. La Ley puede  regular el juego limpio de los partidos, mediante normas y sanciones que destierren de una vez del campo político a tan perjudiciales parásitos.

Este es el Estado que deseamos, único y soberano, como lo es el pueblo en el que se asienta. En la voluntad y en la decisión de todos nosotros está el que   podamos conseguirlo. Es el Estado Nacional.