Pero piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.

José Antonio Primo de Rivera.
(F.E., núm. 15, 19 de julio de 1934)

jueves, 12 de abril de 2012

SOBRE LA POLEMICA DE LAS ARMAS.

Polémica bastante habitual y general, pero agudizada por el hecho reciente de que un nieto del rey se haya pegado un tiro en el pie.

A mi modo de ver, son dos cosas muy distintas y que no se pueden mezclar. La Ley -presuntamente igual para todos- prohíbe el uso de armas a menores de catorce años. En este sentido, la utilización de armas por un menor tendrá las responsabilidades que la Ley determine, y de ello se podrá discutir lo que se guste.

Pero lo que no se puede es -como dicen los habituales "pacifistas"- usar un hecho ilegal para arremeter contra la tenencia de armas por parte de cualquiera que cumpla las leyes.

A quien tiene un arma -legalmente, digo- obtener la licencia correspondiente le ha costado lo suyo. Le ha costado, para empezar, un dinero en tasas y en documentos. Pero le ha costado mucho más: le ha costado someterse a un examen médico en un centro especializado, para determinar que sus condiciones físicas -vista, oído, reflejos- son adecuadas a la tenencia de armas, y para establecer su capacidad psicológica a tales efectos.

Le ha costado someterse a un examen teórico y práctico, tanto sobre la legislación aplicable a la tenencia de armas, como a la seguridad de su manejo.

Le ha costado someterse a la investigación de sus antecedentes penales -y en caso de tenerlos no obtendrá la licencia-, y a la posibilidad de ser investigado en su vecindario por la Guardia Civil.

Tener un arma le supone, además, la renovación de la licencia -con nuevos gastos y nuevas revisiones médicas y psicológicas-; la revista de armas, donde la Guardia Civil determina que está en un estado adecuado de funcionamiento, y la nueva comprobación de no tener antecedentes penales. Eso, cada cinco años.

Es evidente, que quien quiera un arma para delinquir no se va a someter a todo este proceso, ni va a facilitar sus datos personales y los datos de su arma. Quien quiere delinquir tiene bien fácil -eso se rumorea, al menos- conseguir un arma ilegal, sin quedar registrado al hacerlo.

Por lo tanto, lo que los detractores de la tenencia legal de armas pretenden, es que las personas de bien, que se someten a cuantos requisitos les reclama la ley, no puedan tener armas y, en cambio, que las armas sean de uso común entre los que van a cometer delitos con ellas, puesto que la tenencia ilícita no les supondrá un añadido demasiado gravoso a la posibles condenas que conlleven sus actos.

Por otra parte, ¿cabe mayor seguridad en la corrección de intenciones de una persona, que el hecho de quedar plenamente identificado ante las autoridades como poseedor de un arma?

En otro orden de cosas, la perdigonada de don Froilán no hace sino rememorar viejas gestas familiares.

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