O sea, Izquierda Republicana de Cataluña -escrito en el idioma que todos los españoles estamos, constitucionalmente, obligados a conocer- que ha tenido el gusto de presentar en el Congreso una proposición no de ley pidiendo la regulación de la prostitución.
"La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press -dice Público-, pide el reconocimiento de los derechos laborales, de seguridad y protección social, así como de salud laboral y prevención de riesgos laborales de las personas que ejercen la prostitución. También aboga por el desarrollo de una regulación específica para el colectivo, dentro del régimen de trabajadores autónomos o de empleados del hogar de la Seguridad Social."
Y -claro- propone revertir a las comunidades el producto de la fiscalidad derivada de las actividades asociadas a la prostitución. O sea, que de lo que se trata es de trincar más pasta.
El asunto, ni que decir tiene, se presta a multitud de sugerencias, y la casuística sería interminable. Por de pronto, ERC debería determinar si la fiscalidad a que aluden será la de lujo -eventos lúdicos- o la más reducida correspondiente a actividades educativas y culturales. Por supuesto, las profesionalas y los profesionalos deberán realizar las declaraciones pertinentes, así como emitir facturas debidamente diligenciadas.
Yendo más allá -que no se diga que no colaboro- debería establecerse la oportuna clasificación de los servicios; algo así como la distinción entre hoteles de tres, cuatro, cinco estrellas, o modestos hostales y pensiones. El problema quizá viniera a la hora de elegir y colocar los símbolos adecuados de la calidad de los servicios en la fachada o la cabecera de las facturas. Mi imaginación me permite suponer qué emblemas deberían usarse; pero eso lo dejaré para las preclaras mentes de los señores diputados y senadores, algunos de ellos bastante entendidos en el asunto, como aquél socialista canario que no hace demasiado saltó a la prensa por ese tipo de actividad.
Sin embargo, el mayor problema será el del intrusismo profesional. Porque si meretrices y chaperos contribuyen con sus impuestos al bienestar de los políticos autonómicos, podrán exigir que se persiga la competencia desleal de los aficionados y las aficionadas y les aficionades. Las autoridades habrán de promulgar normativas antirevolcón, y perseguir el ligoteo indiscriminado, el aquí te pillo y aquí te mato discotequero o botelloncil, el amiguismo de roce y el calentón defraudador de impuestos.
Por otra parte, deberá establecerse en qué términos y condiciones se permite a meretrices y chaperos el ejercicio de los actos de su profesión en el ámbito privado, pues tampoco sería adecuado que el usufructuario legítimo debiera pagar impuestos como si fuese un vulgar contratador a tiempo parcial.
En fin, que -como les decía- la casuística es enorme, y los rojoseparatistas catalans deberán hilar muy fino.
Caso contrario, los malpensados podemos concluir que todo es un simple deseo de favorecer a sus familias.