En sentencia conocida ayer -o al menos hecha pública ayer por la prensa- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha venido a declarar que los derechos reconocidos en la Constitución no son de aplicación directa, sino que hay que reclamarlos ante los jueces.
Esto, y no otra cosa, supone la afirmación de que las tres familias que en su día reclamaron que sus hijos estudiaran en español, tienen derecho a ello; pero que si alguien más desea lo mismo, que se meta en juicios, y dentro de unos años veremos.
El precedente que se sienta, al obligar a que cada ciudadano tenga que acudir a los tribunales siempre que quiera ejercer uno de los derechos básicos constitucionalmente reconocidos, es peligroso. Porque -por esa misma regla de tres- mañana puede ocurrir que cuando uno quiera votar tenga que judicializar la solicitud, o cuando quiera desplazarse de su domicilio tenga que acudir al juez a que lo autorice.
Y a esto le llaman democracia y Estado de derecho. ¿Acaso porque la única forma de hacer valer los derechos es ser abogado en ejercicio o suficientemente millonario?