Pero piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.

José Antonio Primo de Rivera.
(F.E., núm. 15, 19 de julio de 1934)

viernes, 22 de febrero de 2013

SOBRE QUE 21 AÑOS NO SON NADA.

Ando revisando -por motivos que, si la cosa va bien, comentaré en su momento- mis viejos artículos. Pudiera pensarse que poco o nada de utilidad tendrán los escritos de hace décadas para la situación actual y que -por ejemplo- difícilmente habría un paralelismo admisible entre lo dicho en el reciente debate sobre el estado de la Nación de hace un par de días, y los sucesos de hace varios lustros.

Confieso que estaba equivocado. Como se pueden imaginar, al cabo de 35 años de escribir, es difícil recordar cuanto he ido diciendo. Por eso, me he asombrado al leer lo que escribí en el Nº 54 de La Nación (26 de agosto a 8 de septiembre de 1992), que a continuación les transcribo. Luego me dicen si no es cierto que veinte años no es nada, como en el tango, y que la casta política ni ha aprendido, ni ha escarmentado.

Desgraciadamente, la fauna votante, tampoco.

Fondo y Forma


Resulta que, después de más de dos años de armar un considerable revuelo, el famoso caso Naseiro se ha quedado en nada. Es lógico que así haya sido, si aceptamos la versión del Partido Popular, en el sentido de que —desde un principio— se trató de una simple maniobra para desviar la atención de la prensa y del público sobre el —entonces— incandescente caso Juan Guerra.

Sin embargo, lo que importa —al menos, lo que nos puede importar a cuantos vemos la vida pública desde fuera del tinglado de los partidos con pesebre parlamentario— no es que un juez con querencias socialistas quisiera hacerle un favor a su partido, haciéndonos ver que la inmundicia no era asunto privativo del PSOE. Lo que importa no es que se haya demostrado —hermanos Guerra, FILESA, Naseiro y construcción en Burgos— que todos los partidarios de esta democracia liberal están hundidos en podredumbre hasta el cuello.

Lo que importa —al menos, desde mi punto de vista, resulta pavoroso— es que se dé carpetazo a un asunto que afecta de lleno a la honradez de la vida pública, empleando una argumentación que será, sin duda, legal; pero que de Justicia no tiene nada. Porque el Tribunal Supremo ordenó la destrucción de las pruebas, considerándolas inadmisibles, en virtud de la vulneración del derecho a la intimidad de los encausados. Pero no porque las grabaciones las hiciera la policía por libre y sin autorización, sino porque la policía estaba autorizada a investigar un presunto delito de tráfico de drogas, y no un escándalo de corrupción política.

En resumen: la policía investiga, con todas las bendiciones legales, un presunto delito de tráfico de drogas; en el transcurso de la investigación, encuentra pruebas de un delito mucho más grave —porque la corrupción de los políticos es una garantía de impunidad para todo tipo de delincuentes—; las pone a disposición de la justicia... y la justicia dice que esas pruebas no tienen validez, porque no era eso lo que iban buscando. Es lo mismo que si alguno de ustedes hace un pozo buscando agua, encuentra petróleo, y le dicen que se olvide de ello; que cierre el pozo y deje el petróleo bajo tierra, porque usted sólo tenía derecho a encontrar agua.

Sintomática, por otra parte, la satisfacción con que los encausados y el Partido Popular —no olvidemos que el presunto delito, y los presuntos beneficios, no iban a ser particulares de los implicados— han acogido esta resolución del caso. Porque lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado, no es que no existiera delito y los encausados fueran inocentes, sino que a pesar de haber pruebas de un posible delito, las mismas no habían sido conseguidas de acuerdo con los trámites burocráticos pertinentes.

Esto, repito, será completamente legal. Pero no deja de ser una clara demostración de que estas leyes no sirven, y urge cambiarlas. Y urge, sobre todo, cambiar a quienes hacen tantas trampas a la hora de redactar las leyes.

 

SOBRE EL ATAQUE DE SINCERIDAD DE DOÑA SORAYA.

Doña Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, que según Periodista Digital ha dicho lo siguiente: "no habrá reforma de la Constitución, no podemos levantar la tapa de la alcantarilla sin saber dónde va".

Me parece que nadie podría haber expresado más claramente la realidad de esta memocracia.

Publicidad: