Y háganme el favor de no equivocar alguna vocal o
consonante, porque aunque sería totalmente cierto, me podría llevar a un
desagradable desacuerdo con algún señor fiscal. Vamos -para que los señores
fiscales progres se enteren- que no me refiero a ningún vástago de casquivana.
Aunque haberlos, haylos.Si me refiero, en cambio, y como seguramente han deducido -véase en El País-, a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la gilipollez del parlamento regional de Catalunlla; la de la declaración independentista, aclaro. Porque también hay muchas y conviene precisar.
Ya en su día transcribí unos párrafos de José Antonio, y ahora me quiero referir concretamente a la referencia sobre que el gobierno busca fórmulas jurídicas... Porque el problema es que este asunto no es -se pongan como se pongan- un tema jurídico. Y el único que parece haberlo visto así es, curiosamente, un separatista: Francesc Homs, que -según recoge El País- ha declarado que es un error monstruoso de la política española, y no lo digo yo solo, también medios internacionales, tratar el tema desde los tribunales.
En efecto: es un error monstruoso tratar la declaración independentista del parlamento regional catalán en los tribunales. En los tribunales habrá que tratar a los separatistas, uno a uno y según sus merecimientos. Pero las declaraciones políticas no se pueden tratar mas que políticamente. Es decir: estableciendo una política igual a la de los separatistas pero de sentido contrario. Una política de defensa de la lengua común de los españoles, que es el español -no, como dicen los crusiprogres, el castellano, sino el español, y a quien necesite aclaración se la daré con mucho gusto-; una política de escolarización en el idioma oficial de España, con horas extras lectivas en catalán para quien guste; una política de fiscalizar los gastos del gobierno regional, de manera que no tengamos los demás españoles que acudir cada pocos meses a soltar la mosca para que los habitantes de Cataluña tengan medicinas u hospitales. Una política que retire de inmediato todas las competencias que el gobierno regional haya utilizado abusivamente o con mala fe. Una política que disuelva de inmediato -con las garantías legalmente establecidas, por supuesto- cualquier asociación, de cualquier índole, desde la que se cometa o aliente algún delito. Y una política, por supuesto, que ponga a disposición judicial a quien lo haya menester cuando se produzca el delito.
Y todo ello, evidentemente, con la decisión política de recuperar para el Estado -esto es, para todos los españoles- las competencias que se usan en contra del Estado.
Mientras tanto, y volviendo a José Antonio, cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.
