Pero piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.

José Antonio Primo de Rivera.
(F.E., núm. 15, 19 de julio de 1934)

martes, 24 de julio de 2012

SOBRE LA AMENAZA DE LOS TIRANUELOS.

Tiranuelos, porque estos mindundis peperos no tienen siquiera categoría para ser tiranos; les apetecería, es su sueño, pero no llegan. Les faltan varias cosas; fundamentalmente inteligencia y gónadas.

Tiranuelos, porque amenazan desde el Ministerio de la Presidencia -véase El Mundo- a los empleados públicos con poner en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si fuera constitutiva de falta disciplinaria, (...) la formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar en el ejercicio de sus funciones, realizadas durante el desempeño del puesto de trabajo.

Es decir: que los empleados públicos no pueden criticar al Gobierno porque no resulta compatible con los deberes que incumben a los empleados públicos, inspirados en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público.

Estos peperos -los sociatas igual o peor, ni que decir tiene- siguen amorrados al sagastacanovismo de la cesantía funcionarial, cuando cada partido que entraba al Gobierno ponía a los suyos y quitaba a los del otro. Cosa que, además hacen profusamente con sus cargos de confianza, sus asesores, sus consejeros, sus digitalizados, sus paniaguados y, en general, sus beneficiarios de todo nepotismo.

No entienden que el empleado público -al menos desde la reforma del General Primo de Rivera, que es el que profesionaliza la administración española- no se debe al Gobierno de turno, sino al Estado. Cosa difícil de entender para los que tienen un sentido patrimonialista del Estado -desde Felipe González con el Azor y la "bodeguiya" hasta Rodríguez Zapatero con Doñana y los aviones oficiales en viaje privado- pero que es lo que da continuación a los gobiernos sucesivos.

El funcionario no es el servidor del Gobierno, sino del Estado. Obedece al Gobierno, porque el Gobierno es -al menos en la teoría- el más alto servidor del Estado; su cabeza visible en cada instante. Pero el funcionario se debe a la Ley -que es la que configura el Estado-, por mucho que el político se la quiera saltar o aprovecharla en beneficio propio.

La Administración es -permítaseme el ejemplo- como una vivienda, cuyo dueño es el Estado, y que tiene como inquilino al Gobierno. Se que el símil tiene muchos defectos, pero creo que se me entiende.

El empleado público tiene la obligación de realizar su cometido -el que sea- con objetividad, imparcialidad y neutralidad; pero referidas al Estado y a la aplicación de las leyes y normas, y no referidas al Gobierno.

Con respecto a las condiciones para autorizar las protestas a que alude la nota ministerial, demuestra que ni de esto se enteran los señores ministros, subsecretarios y demás enchufados de mal vivir; porque los empleados públicos no están protestando dentro de su horario laboral, sino que dedican a expresar sus opiniones una parte de la media hora legalmente estipulada para desayuno.

Ellos -Ministros, Subsecretarios, etc.- se ve que no conocen esa pausa legal en la jornada. Claro: a ellos les pone el desayuno el mayordomo en su despacho.

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