Que, para los que aún conocemos algo del idioma español y tratamos de mantenerlo, debe ser Lucía Echevarría.
El artículo me ha llegado por correo electrónico, y aunque los enlaces que lo acompañan parecen certificar su autenticidad, lo denomino presunto por las razones que explicaré. Como conlleva la petición de su difusión, en mi almacén lo tienen ustedes -es demasiado extenso para copiarlo aquí-, y les agradeceré que, cuando menos, le echen un vistazo para que comprueben lo que voy a decir al respecto.
Vaya por delante mi duda sobre la supuesta autoría. Doña Lucía Echevarría es escritora si la memoria no me falla. No he leído ningún libro suyo -a qué mentir- porque el tiempo es poco y la necesidad de dedicarlo a cosas interesantes mucha; pero podría asegurar que doña Lucía ha vendido miles de ejemplares de algún libro. También es columnista de prensa, al parecer. Por ello me extraña su autoría del artículo de referencia, que está bastante mal escrito; le faltan palabras en algunos pasajes y las repite -frases enteras- en otros; utiliza bastante lastimosamente los signos de puntuación -comas, paréntesis y comillas con unos espacios indebidamente situados-, y emplea indistintamente signos como las llamadas comillas tipográficas (« ») y normales. Cosas que acaso no pondrían en duda la autoría si lo escribe un honorable particular, pero que llama mucho la atención si de un profesional de la escritura se trata, salvo que entendamos que la señora Echevarría -cuando publica libros o artículos de prensa- larga por su boquita y alguien se lo escribe, o hace un bodrio que luego le tienen que corregir para ponerlo decente antes de darlo a la imprenta.
Estas son cosas que probablemente no llamen hoy día mucho la atención, sumidos en la jerga sms y similares aberraciones; pero a los que en su día pasamos muchas horas corrigiendo pruebas de imprenta, nos saltan a la vista hasta casi hacer daño.
Vaya todo lo dicho como explicación de que dudo que realmente ese artículo pertenezca a una escritora y articulista reconocida, o sitúa a la referida escritora en un nivel bastante inferior. En todo caso, como digo, ahí quedan los enlaces que demuestran que ha sido publicado con el nombre de Lucía Etxebarria, y que pide que se difunda.
Por lo demás, doña Lucía -o quien sea- dice muchas cosas y muy puestas en razón en casi todo. Comete, no obstante, varios fallos que indican una de las causas por las que en España estamos como estamos.
Comete el error de pensar que la reforma de la Justicia que propugna Ruiz Gallardón supondrá "que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente" -en referencia a los jueces- a que lo haga el fiscal, al que considera subordinado del Ministro de Justicia. Claro desconocimiento de la realidad, porque los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, nombrado por los partidos políticos y sometidos a ellos desde que don Alfonso Guerra certificó la defunción de Montesquieu hace unas tres décadas.
Pero si esto se puede entenderse como apreciación personal, variable en función del pensamiento de cada uno, algunas de las propuestas que doña Lucía -o quien sea- hace, indican un palmario desconocimiento de la realidad de la que habla.
Así, dice que "se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete". Supongo que doña Lucía no ha sentido la curiosidad de inclinarse a la lectura del B.O.E. o, en su defecto, de los Boletines Oficiales de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, acaso por no plagiar a Stendhal con su cotidiana lectura del Código Civil napoleónico. Plagio por demás inútil, puesto que el BOE y similares no pueden producir, en el plano literario, más que risa. Y pena. Pero a lo que voy, es a la obligación legal de que todas las obras públicas -y contratos de todo tipo- que superen cierta cuantía deben ser anunciadas, con el correspondiente pliego de condiciones técnicas y cantidad máxima de licitación, para permitir que toda empresa interesada presente su oferta, que posteriormente será adjudicada de acuerdo a una normativa muy detallada, y publicada en el Boletín Oficial que corresponda.
La "conservación de documentos" que doña Lucía reclama, existe desde tiempo inmemorial, establecida por Ley en cinco años. De la "prohibición de aceptar regalos" se habló en tiempos del señor Rodríguez Zapatero, aunque no se si se llevó a cabo.
Pedir que "cualquier compra que realicen las Administraciones públicas debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más baja", significa, lisa y llanamente, no tener ni idea de cómo está la legislación vigente. Como en parte he explicado antes, toda compra de bienes o servicios de las Administraciones Públicas debe publicarse en los Boletines Oficiales de su ámbito de aplicación para permitir la libre concurrencia de ofertas. Solamente cuando el gasto previsto es menor de cierta cantidad -si no mal recuerdo, cincuenta mil euros- se puede recurrir -por razones de urgencia debidamente documentadas- al llamado procedimiento negociado; o sea, lo que dice doña Lucía de las tres ofertas.
En cuanto a la "designación partitocrática de los altos cargos de las Administraciones Públicas", es evidente que también doña Lucía desconoce la legislación que regula el tema. La designación política se queda en el rango de Subsecretario; de ahí para abajo -Directores Generales, Subdirectores- los cargos son de libre designación -se puede nombrar a cualquiera-, pero entre el personal funcionario de la Administración. Sólo en algunos casos -justificados con arreglo a los requisitos que marca la Ley- algunos puestos de Director General podrán ser ocupados por personal no funcionario. Lo cual, al cabo de los decenios, ha venido a dar la razón al General Primo de Rivera, que fue el profesionalizador de la Administración.
Con respecto a la "remuneración homogénea de los cargos públicos" -que no cobre diez veces mal el concejal de un sitio que el de otro, es el ejemplo que pone-, qué quiere que le diga, doña Lucía. Prefiero que los concejales no cobren más que las dietas y gastos que su ocupación les suponga. Usted acaso sea lo suficientemente joven para desconocerlo -en el cole, desde luego, no se lo iban a explicar; y en la prensa menos-, pero hubo tiempos en que, por ejemplo el Alcalde de Madrid, no percibía sueldo alguno. La sopa boba empezó con el viejo profesor Tierno.
Pide doña Lucía "incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo". Dado que la Ley de Incompatibilidades lleva vivita, publicada y -al menos en teoría- aplicada unas tres décadas, temo que la petición llegue algo tarde.
Y por último, la repera: "La guinda del pastel la pone una alcaldesa que no ha sido votada", en obvia alusión a doña Ana Botella, alcaldesa de Madrid; comentario que es, ciertamente, la guinda de un artículo profundamente indocumentado.
En España -cosa que sabe cualquiera- se votan listas cerradas, elaboradas por el partido correspondiente en la forma democrática del me sale de las narices. De esa lista sale elegido cierto número de diputados o concejales, y los que suman más asientos que los contrarios eligen Presidente del Gobierno o Alcalde a uno de entre ellos. Es decir: en España no se elige Presidente, ni Alcalde; y el hecho de que quien aspira a presidir el Gobierno sea el primer candidato por Madrid, o el que aspira a ser Alcalde vaya en el primer puesto de la lista municipal, no es más que una costumbre.
Líbreme Dios de defender a doña Ana Botella; pero el hecho es que ella iba en la lista de Concejales del PP en Madrid; que salió elegida concejal -o sea, que sí fue votada, doña Lucía-, y que el Pleno Municipal la eligió como Alcaldesa cuando el cargo quedó vacante.
Todo lo dicho no obsta para que doña Lucía Etxebarria acierte de pleno cuando afirma que la corrupción de la casta política nos llega al cuello, que esto hay que pararlo, que hay que limpiar la vida pública y barrer toda esta mugre. Pero si todos estos fallos de su exposición, que demuestran el desconocimiento del sistema político que nos sojuzga y de la legislación -aunque incumplida- vigente, lo comete una persona a la que se le supone cierta relevancia intelectual, ya me dirán ustedes qué cabe esperar de los que son simples marionetas dirigidas desde los medios de comunicación, o desde las movidas callejeras, por personajes como la señora Etxebarria.
