Saben ustedes que no soy precisamente seguidor de doña Rosa Díez. Saben, también, que aquí -en este diario- se intenta seguir la enseñanza de José Antonio y, en consecuencia, no se recata ninguna verdad.
Por tanto, a nadie extrañará que aplauda a UPyD por -véanlo en El Mundo- plantear al Gobierno la línea de actuación correcta ante el delincuente Mas, aplicando el artículo 509 del Código Penal: «el juez o magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de multa de tres a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año».
Siguiendo esta línea, UPyD pregunta al Gobierno si «se aplicará el artículo 155 de la Constitución y cualquier otro que fuera preciso para reponer el respeto y la observancia del orden constitucional».
A mi, que siempre me habrán ustedes leído decir que las Leyes están para aplicarlas, y que si no funcionan lo que procede es cambiarlas, pero no saltárselas a la torera, me parece que esto es o que tiene que afirmar hoy un partido político español, sea cual sea su ideario.
A mi, que ya estoy más que harto de los señoritos separatistas, me parece poca medida, porque yo empezaría por meter en el trullo a todos -todos, digo, y no sólo al delincuente Mas-, y tenerlos en prisión preventiva los no se si tres o cuatro años que permite la Ley, antes de juzgarlos.
A mi, que estoy hasta más allá del pirigurcito de la boina de que la cobardía de los sucesivos gobiernos que ha padecido España desde hace casi cuatro décadas siempre se traduzca en pasar por las horcas caudinas ante los paletos separatistas, los aldeanos ombligueros y los gilipollas con master, lo procedente me parecería privarles de la nacionalidad española -que no quieren- y dejarlos irse por el ancho mundo a tocar la flauta sin un puñetero pasaporte que llevarse a la aduana.
A mi, que se me cae la cara de vergüenza ajena cuando el Gobierno afirma, tan melifluamente como buen cobarde, que -lo dice también El Mundo- 'garantiza' que no habrá consulta en Cataluña, pero no se atreve a decir que el señor Mas es un simple funcionario -designado a dedo- de la Administración española, y que será removido de su cargo por medio del expediente disciplinario correspondiente, lo normal me parecería ordenar a los "mozos de escuadra" -que para eso quien les paga es el Gobierno de España- que se trajeran al señor Mas y a los demás idiotas que le siguen la corriente, a pie y por jornadas ordinarias, a la Audiencia Nacional.
O, al menos, me parecería adecuado -en vista de que lo único que le importa al acojonado PP es el euro- que pusiera un mossu en cada presunta mesa electoral, cobrando -por adelantado- la multa que corresponda por participar en una consulta ilegal a cada supuesto votante.
Y me parece, también, que si UPyD hubiera dicho esto mismo cuando -léanlo en Diario Ya, si gustan- lo dijo AES, llevaríamos casi un año adelantado.
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