Muy importante debe ser la prescripción indebida de fármacos, cuando un Gobierno acosado por tantos y tan graves problemas, dedica su atención prioritaria a este asunto. Me refiero, claro está, al decreto bautizado como medicamentazo, que pretende reducir el consumo de medicinas. O, por ser más exactos, reducir los gastos farmacológicos de la Seguridad Social, de forma que la persona que necesite un determinado producto farmacéutico, se lo pague de su bolsillo.
Por lo visto, las lúcidas mentes que nos gobiernan, no encuentran otra forma de realizar sus cuentas que la de, aún manteniendo los impuestos, retenciones y cotizaciones obligatorias, reducir los servicios y prestaciones. Curiosa cuenta de la vieja, tan criticada por los profesores de matemáticas ante los chavalines que comienzan el aprendizaje de las cuatro reglas que, en tanto en cuanto se institucionaliza por la fuerza del BOE (para cuyas compras de papel a precio doble del vigente en el mercado no parece haber restricciones), alcanza la categoría de la estafa. ¿Cómo considerar, si no, el hecho de que se mantengan intactas las cotizaciones —obligatorias, no lo olvidemos— en tanto que se recortan cada vez más las prestaciones que ofrecen a cambio?
¿Cómo considerar —desde el punto de vista de las empresas— que sus cotizaciones no les sirvan para que la Seguridad Social se haga cargo de los primeros 15 días de incapacidad laboral de los trabajadores?
¿Cómo considerar las colas, listas de espera, hospitalización en pasillos, citas para uno o dos meses después del día que se piden, etc., cuando cualquier sociedad médica privada ofrece servicios mejores, más rápidos y —dato importante— más baratos en muchos casos?
Cierto que la cotización a la Seguridad Social garantiza también —se supone— la futura percepción de pensiones. Pero de unas pensiones tan insuficientes, que desde el propio Gobierno —vía deducciones en la Declaración de la Renta— se recomienda la suscripción de planes de pensiones. Es decir: que además de lo que a cada cual nos retienen sin vuelta de hoja, debemos preocuparnos por nuestra cuenta del día de mañana, si no queremos morirnos de hambre.
Y si quiere, cuando por edad y circunstancias de inevitable declive físico precise de cierta cantidad de productos farmacéuticos, podérselos costear, porque también a los pensionistas les limitan los medicamentos que la Seguridad Social les puede prescribir.
Entre ellos, curiosamente, los productos laxantes. Acaso porque están de acuerdo con un personaje de Rafael García Serrano (la democracia es un antiquísimo sistema por el cual, en última instancia, un hombre debe permitir que se caguen en su madre a cambio de cagarse en la madre del que le precedió en el uso de ese importante derecho) y de esta forma piensen reducir las defecaciones —metafísicas, se entiende— sobre sus progenitores, que son la inevitable consecuencia de sus acciones de gobierno.
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Apostaría a que alguien ha pensado –salvo alguna referencia que no le cuadraría demasiado bien- que con todo esto me estaba refiriendo al repago de las medicinas, a los recortes en la Sanidad y a los que ya se avisan –sin rebozo- en las pensiones.
Pero no. Como hace unos días, esto no pertenece a la actualidad, sino a dos décadas atrás. Fue publicado, con el titulo de El estafazo en el Nº 72 de La Nación (17 a 23 febrero 1993), y ahí tienen ustedes la imagen que lo demuestra.
Gobernaba entonces –para quien no lo recuerde o no lo quiera recordar- don Felipe González Márquez, que fue el primer gran recortador de esta memocracia.
Por supuesto, entonces no hubo manifestaciones más o menos multitudinarias, ni menos aún guerrilla urbana de “incontrolados” –que hay que ver qué bien los controlan los que los controlan, y ya me entienden-, ni movida de médicos, enfermeros, celadores y personal administrativo profundamente concienciado con la sanidad pública.
Y es que no hay nada nuevo bajo el sol, a poco que se mire hacia la sombra.
