Pero piense el Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas, ya se llama traición.

José Antonio Primo de Rivera.
(F.E., núm. 15, 19 de julio de 1934)

viernes, 19 de octubre de 2012

SOBRE LOS CONFLICTOS DE PUIG.

Don Felip Puig es consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña. Es, por tanto, el señor Puig, un funcionario del Estado español, con carácter interino, aunque él -algo desconocedor de lo que debería saber (esto es, necio, según nuestra madre Academia)- se tenga por la pata derecha del Estado catalán, entelequia inexistente más allá de su imaginación exaltada, quien sabe por qué motivo.

Don Felip Puig es, en función de su cargo interino como funcionario del Estado, el jefe de la policía autónoma de la región catalana. Este hecho, en el orden jurídico, sería equivalente a la función del concejal de cualquier Ayuntamiento que se encargue de la policía municipal, lo cual se reseña con intención de bajarle los humos al señor Puig.

Porque da la impresión de que el señor Puig se ha ahumado en exceso con alguna sustancia desconocida, habida cuenta de que se ha permitido decir -acaso en una exaltación no del todo natural- que la policía autónoma de su región, a la que llaman Mossos d’Esquadra estará “al servicio de la Generalitat” si se contrapone una “legalidad jurídica a una legalidad democrática.”

Esto -según El País, poco sospechoso- significa que “según el consejero catalán, si el Gobierno cumple con su intención de prohibir con la ley en la mano un referéndum, la policía autonómica obedecerá al Ejecutivo de Artur Mas.”

O sea: que el señor Puig advierte que empleará las fuerzas armadas bajo su mando para apoyar el secesionismo de su Gobierno regional.

Hagamos un salto ahora. Imagínense que escribo -aquí mismo, porque a mí no me dan cancha en los periódicos- que La Legión garantizará el orden constitucional y la unidad de España, y que la División Acorazada -que imagino que ya no lleva el sobrenombre de Brunete- obedecerá las órdenes del Gobierno. Los lloriqueos de los separatistas llegarían hasta la Luna, y el señor Fiscal General del Estado me buscaría las vueltas. Todo ello, a pesar de que sería una afirmación de perogrullo, implícita -y explícita- en las leyes vigentes y aprobadas por el Parlamento. O sea: legalidad jurídica y democrática, señor Puig.

¿Creen ustedes que le va a pasar lo mismo al señor Puig? ¿Piensan que el fiscal le va a meter un paquete, que algún juez le va a entrullar, como corresponde a un -digamos que presunto- delito de sedición o de incitación al golpismo?

Porque las afirmaciones del señor Puig son, lisa y llanamente, la advertencia de que está dispuesto a dar un golpe de Estado con sus fuerzas paramilitares.

¿Para cuando, pues, un proceso -militar- por rebelión?

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